El PP tacha de ignorante a la Concejal de Personal por privatizar el mantenimiento de base catastral

La Alcaldesa Cristina Moreno y su equipo de Gobierno Municipal han decidido proceder a la externalización -o “privatización” en terminología socialista- de un servicio municipal cuyo objeto es el mantenimiento de las Bases de Datos Catastrales.

María José Martínez de la Fuente, Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular y ex Alcaldesa, ha denunciado que “la adjudicación del contrato a una empresa para llevar a cabo esta labor es inminente, y supone, además, una nueva prueba de cinismo del PSOE ya que hace sólo unos días los socialistas acusaban de decidir “privatizaciones” al Gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura, por medio de unas declaraciones mentirosas e impresentables de Montserrat García,

Concejala-Delegada de Personal en funciones, en las que por cierto demostraba una supina ignorancia de la normativa que afecta a su Concejalía”.

La Portavoz Popular ha especificado que “los trabajos en cuestión consisten, fundamentalmente, en dar de alta las nuevas construcciones en la Base de Datos Catastral así como la correspondiente inclusión de los datos en los expedientes correspondientes”. Y ha añadido: “Se trata, por tanto, de tareas que pueden perfectamente ser realizadas -como quedó demostrado en la pasada legislatura- por los trabajadores adscritos al Departamento de Rentas y también por el personal municipal de los Servicios Técnicos, dado que el Gobierno Municipal del Partido Popular dotó al Ayuntamiento de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que favorece la ejecución de las tareas descritas”.

María José Martínez de la Fuente ha recordado: “No es la primera vez que la Alcaldesa Moreno contrata a una empresa privada para la realización de las tareas de actualización de Datos Catastrales”. “En su etapa como Concejala-Delegada de Hacienda con el Gobierno socialista de Jesús Dionisio -ha añadido- realizó la misma operación y por un importe similar, lo que demuestra que continúa instalada en los mismos malos usos y costumbres de acometer gastos innecesarios que entonces dejaron a los ribereños una deuda de 175 millones de euros (29.000 millones de pesetas)”.