Los servicios municipales en peligro por riesgo de impago Técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez advierten de que algunos servicios municipales pueden dejar de prestarse. Lo hacen por escrito en los documentos preparatorios para la redacción del Presupuesto municipal de 2017 y lo expresan en términos concisos. La posibilidad está abierta y su causa radica en el “impago continuo y reiterado al que se ven sometidos los proveedores y que, en última instancia, les obligaría a dejarlos de prestar”.
La demora municipal en el pago de las facturas rebasa los 400 días y podría alcanzar los 460 a final de año, según cuantifican estos mismos documentos.
30 días es el máximo retraso legal que pueden permitirse las Administraciones Locales sin arriesgar una reclamación judicial.
Resulta que los ingresos reales del Ayuntamiento no cubren el coste de sus gastos de funcionamiento más su deuda bancaria y sus intereses. A este desequilibrio se llama ‘déficit estructural’ y sobrepasaba los 3,5 millones de euros en febrero. La cifra no es definitiva y podría experimentar un cambio al alza si no se adoptan medidas de gobierno que lo reduzcan o, al menos, lo moderen.
Una sociedad mercantil en esta misma situación hubiera suspendido pagos antes de alcanzar una situación de deterioro similar. La sucesiva suma de deuda, déficit e incremento de gasto a lo largo de los dos últimos mandatos ha generado esta crítica situación económica. Si la Administración local pudiera cobrar todo lo previsto y pagar todo lo adeudado aún harían falta más de 34 millones de euros para enfrentar la apertura de puertas diaria. A eso se le denomina ‘Remanente Líquido de Tesorería’ y, en este caso, es negativo, muy negativo, con permiso del célebre entrenador futbolístico, e introduce al Ayuntamiento en un círculo vicioso presupuestario: genero más deudas porque no tengo más ingresos y no tengo más ingresos porque cada día tengo más gastos y estoy subordinado a las condiciones de la autoridad del Ministerio de Hacienda.
El equilibrio es tan inestable en este ejercicio presupuestario, -si es que se puede llamar equilibrio a la caída libre-, que los técnicos municipales esperan al cobro de los grandes tributos (Vehículo y Bienes Urbanos) para atender los gastos más urgentes: pagas extras, amortización de préstamos y empresas concesionarias de servicios. De ahí el peligro existente de que cese su prestación por el impago extremado a las empresas y del que avisan los técnicos.
Estos garantizan el cobro de las nóminas por el momento aunque con una salvedad: “siempre que los pagos a proveedores no se incrementen y se mantengan en las previsiones realizadas”. Pero la situación es crítica y no lo ocultan. Si hubiera ejecuciones de sentencia, reclamaciones judiciales u otros factores imprevisibles que alteren la situación, adelantan esta conclusión fatal: “si hay que atender estos pagos se tendrá que detraer no solo del impago a (otros) proveedores sino también de un posible impago en el Capítulo 1”. Así se llama en términos contables a la parte del Presupuesto Municipal que recoge los costes laborales, es decir: las nóminas.
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