El voto en contra o incluso la abstención (porque podría considerarse como un voto no proactivo al pago de la sentencia de Incocasa) a dicha solicitud podría derivar en infracción penal, interpretando que se están poniendo trabas al pago de los intereses de la sentencia de Incocasa, que data del año 2013 y que ascendía a casi 1,2 millones de euros.
En la mañana del viernes se celebró un Pleno Extraordinario y urgente con un único punto en el orden del día, la aprobación de una operación de préstamo por importe de 34.177.067 euros para hacer frente al pago de distintas sentencias que han ido llegando al Ayuntamiento y cuyo pago es firme.
Jesús Mario Blasco, Concejal Portavoz de la Agrupación Ciudadana Independiente afirma que “la votación de dicho punto viene justificada en parte tras la lectura del informe emitido por el Secretario Municipal en el que indica que según el artículo 47.2 de la Ley 7/1685, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen Local requiere que dicho acuerdo sea adoptado por la mayoría absoluta legal de miembros de la Corporación, si el importe del préstamo a suscribir excede de 10 por ciento de los recursos ordinarios de la Corporación, cuestión que aunque no se ha calculado expresamente en el Informe de Intervención, es público y evidente que dicho importe excede dicha cantidad”.
Que conozcamos, es la primera vez en nuestra localidad que la justicia se interpone en una decisión plenaria, puesto que existe la evidencia de que un juez puede imputar a cualquier concejal que votase en contra o incluso se abstuviese a la solicitud del crédito. “El dinero que se va a solicitar está destinado, en parte, al pago de la sentencia firme que se adeuda a Incocasa, en concreto los intereses que quedan pendientes. Estamos hablando de una cantidad que se fijó en 2008, por el juzgado territorial de expropiación, de un justiprecio de 7 millones de euros más intereses, que en su momento no se pagó, ni se provisionó, que finalmente en 2013 nos conminaron a pagar. El impago de dicha cantidad y el intento de extender los pagos durante varios años motivó una sentencia aún más dura y el aumento de dos puntos de los intereses, hasta los 1,2 millones de euros, que quedaron pendientes de pagar tras la solicitud en 2015 de un fondo de ordenación de 10 millones de euros”.
Esto se traduce en una pérdida de autonomía, inequívoca en el caso de la sentencia sobre los intereses de incocasa. Votar en un pleno siempre conlleva una responsabilidad, pero en este caso los miembros de la corporación 2015-2019 estamos asumiendo una responsabilidad personal derivada de la mala praxis de gobiernos anteriores, de todos los colores. Y no solo en relación a la sentencia de Incocasa. También ocurre con la sentencia de la Charca de secano, que viene del año 2000, un pago por unos terrenos que iba a ser de 30 millones de pesetas (180.000 euros) y ha acabado siendo de 3,2 millones, pero de euros, casi veinte veces más. O la de Cabezadas, que nos obliga a devolver una cantidad que ya nos adelantaron, de 8 millones de euros más el pago de la sentencia de los Jesuitas, y que tenemos que pedir al Estado que nos lo preste porque nos hemos gastado ya el dinero. O los más de 16 millones de euros de deuda con la empresa de recogida de basuras… eso contando las más cuantiosas.
En resumidas cuentas, cuando acaben las carencias (la “carencia-trampa” solicitada en 2017 aprobada por todos los grupos salvo el popular y el de acipa, un patadón a la deuda de tres años más un regalito de dos millones más de intereses) y la carencia de este préstamo de 34 millones, nos encontraremos con amortizaciones financieras de más de 12 millones anuales, incluyendo la asunción de la deuda financiera de Savia, tras la desastrosa negociación con el acreedor principal, Liberbank, que además en caso de incumplimiento nos llevaría a un concurso culpable. Unas amortizaciones bárbaras que obligarán a ajustes de verdad, no meramente cosméticos como los realizados por el equipo de gobierno hasta la fecha.
No obstante, sometidos a un doble yugo, el de Hacienda y ahora también el de un magistrado del TSJM, nos vemos obligados a votar favorablemente, prácticamente por imperativo legal. Aunque el voto de abstención pudiese caber, aquí no cabe tal circunstancia. O se cumple, o no se cumple, o es legal, o no es legal (no puede ser un poquito legal o un poquito ilegal) y todo lo que no fuera un voto favorable sería a nuestro juicio una profunda irresponsabilidad, amén de una temeridad personal. En todo caso, creemos que los gobiernos, los miembros de las corporaciones, no solamente tienen, tenemos que trabajar por acatar la Ley, sino también para evitar que sigan llegando sentencias demoledoras que pongan la tesorería municipal al borde del precipicio.
La próxima legislatura, y esto debe saberlo todo el mundo, va a ser muy complicada, muy dura, más aún que la actual puesto que no se ha solucionado nada ni se ha sentado base alguna para solucionar los males estructurales de nuestra ciudad. Solo se han diferidos los pagos a futuro, como ha sucedido años atrás. Si no apostamos por el crecimiento económico de la ciudad y no podemos revertir la dinámica negativa en la que nos hemos instalado, Aranjuez no podrá salir adelante, y nos convertiremos en un municipio fallido. Hay alternativa, y sin necesidad de machacar a impuestos a ciudadanos, pymes y grandes empresas, pero las soluciones obligatoriamente deben llegar desde la concertación de todas las fuerzas políticas a partir de 2019. Todo lo que no sea eso estará abocado al fracaso, y no podemos perder más tiempo.
